Penalización por el arrojo indebido de residuos sólidos en ríos y quebradas

Comparación con la versión de 2024: ¿Qué cambia en 2025?

La versión de 2024: una aproximación al problema

En 2024, el Código Penal ya incluía un tipo penal relacionado con el daño ambiental por residuos, pero la nueva versión (Ley N.°32523) se enfoca mucho mas en la exposición directa de personas al peligro, buscando penalizar más eficazmente el comportamiento negligente o intencional de arrojar residuos en cuerpos de agua. Además, en 2024 el tipo penal no especificaba las penas de forma tan rigurosa ni diferenciaba el uso de maquinaria pesada, lo que hacia más difusa la aplicación de la ley en casos graves.

La Ley N.°32523: ¿una respuesta más estricta?

Con la nueva modificación en 2025, la ley se hace más estricta, con penas diferenciadas en función de las circunstancias agravantes. Ahora el legislador ha querido asegurar que las acciones más graves, como el uso de maquinaria pesada para arrojar los residuos, tengan sanciones más severas, protegiendo mejor tanto la vida humana como la infraestructura pública que podría resultar afectada por el vertimiento de los residuos.

Además, la versión de 2025 pone el foco en la responsabilidad del agente al exponer a otras personas a un peligro claro e inminente para su vida o salud, abriendo una nueva vía para las investigaciones judiciales.

¿Qué implica para las empresas y la sociedad?

La Ley N°32523 tiene un impacto directo en diversas industrias, como la minería, la construcción y la gestión de residuos. Las empresas deben estar más que nunca atentas a las regulaciones ambientales y tener sistemas de compliance que aseguren el manejo adecuado de los residuos, evitando que estos lleguen a los cauces naturales.

Con la nueva pena de prisión más severa en casos de daño a infraestructura pública, también se pretende disuadir a las empresas de tomar atajos peligrosos o negligentes en la disposición de sus residuos. Los agentes contaminantes serán más conscientes de que las consecuencias legales son ahora mucho más estrictas.

Conclusión

Un avance crucial en la protección ambiental y la salud pública

La modificación del Código Penal en 2025 es un paso significativo para combatir la contaminación de nuestros ríos y quebradas. La ley no solo actúa contra quienes arrojan residuos de manera ilegal, sino que también refuerza las sanciones para quienes lo hagan de manera más peligrosa. Este cambio responde a la creciente preocupación por la contaminación y subraya el compromiso del Estado en proteger la vida humana y la infraestructura pública.

A medida que se implementen los procedimientos judiciales y las normativas de cumplimiento, será crucial observar cómo se adaptan las autoridades y la sociedad para garantizar que esta ley no solo sea un cambio legislativo, sino una acción efectiva en la protección del medio ambiente y la salud pública.

El Congreso de la República de Perú ha dado un paso importante en la protección de la salud pública y el medio ambiente con la reciente modificación del Código Penal a través de la Ley N.º 32523. Esta ley tipifica de manera más estricta el delito de exposición al peligro por el arrojo de residuos sólidos en cauces naturales como ríos y quebradas, con penas privativas de libertad que varían según la gravedad de la conducta.

¿Qué establece la Ley N°32523?

La modificación de la Ley N.°32523 se incorpora al Código Penal mediante la creación del Ártículo 125-A, que sanciona el arrojo indebido de residuos sólidos en cauces naturales.

Este tipo penal es clave para pervenir la contaminación de fuentes de agua, afectando tanto a la salud humana como al ecosistema.

El artículo 125-A establece dos niveles de pena dependiendo de la gravedad de la acción:

• Pena de prisión de 2 a 4 años: Para quienes arrojan residuos sólidos en los cauces, lechos, riberas o fajas marginales de ríos o quebradas, exponiendo a personas al peligro de muerte o grave daño a la salud.

• Pena de prisión de 4 a 6 años: Si el delito se comete mediante el uso de maquinaria pesada (como camiones), o si como consecuencia del arrojo de los residuos se daña infraestructura pública.